Sobre el proyecto ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas: “no seamos ingenuos, no es tan decisiva” (1° Parte)

Fernando Ramírez Morales, Coordinador del Área de Historia Ecológica de la Universidad de Chile, advierte en esta entrevista que su análisis puede resultar extremadamente crítico. Afirma que desde la perspectiva que le dan varias décadas de trabajo incansable en la defensa del medioambiente y de aquellas comunidades que dependen críticamente de la integridad de éste, no se manifestará optimista frente a un proyecto como el de Biodiversidad y Áreas Protegidas, a menos que las reformas que se emprendan sean profundas, y se hagan cargo del desfase de más de un siglo que tiene la política ambiental de nuestro país.

A continuación, Ecopensamiento presenta la primera parte de la entrevista.

El proyecto de ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, viene a coronar el proceso de rediseño de la institucionalidad ambiental, comenzado en el primer gobierno de Bachelet. ¿Qué opinión tiene respecto del proyecto y cuáles podrían ser los alcances del mismo?

Lo primero: el proyecto llega tardío e incompleto. Estamos pasando la primera década del siglo XXI y el primer proyecto del Estado destinado a la creación de áreas de protección de espacios silvestres, data del último cuarto del siglo XIX y las primeras medidas fueron recién concretadas por Federico Albert, allá por el año 1901… entonces te puedes dar cuenta que tenemos un atraso significativo de más de un siglo y eso si no contamos que ya desde el período colonial se había tratado de tomar las primeras medidas para la protección de las áreas naturales que pudieran haber tenido algún valor, ya sea económico o escénico. Solamente ayer revisaba unos documentos del Archivo de Marina, fechados para 1898, en los cuales la Armada solicitaba al Gobierno que se tomaran medidas para la protección de los lobos marinos, que estaban siendo literalmente –y fueron- totalmente arrasados en la Región de Magallanes. Entonces, efectivamente, si uno toma los datos y los analiza desde la Historia Ambiental, esta ley de Biodiversidad, si es que se concreta, es en primer lugar tardía y las leyes tardías tienen como gran pecado que llegan a administrar el desastre, vienen a administrar el desmán, vienen a administrar el despojo. Nuestro país ha sufrido, sobre todo en el ámbito de la fauna y en el ámbito del bosque nativo, un deterioro y un arrasamiento de características simplemente patéticas, particularmente a través del fuego y de una caza que, aunque estaba relativamente regulada, no estuvo tampoco acompañada de adecuados mecanismos de fiscalización. Quiero insistir en este primer punto: estas son leyes que vienen atrasadas, y por ello hay que tratar de definir si su mirada tiene que ver con análisis destinados a proyectar mecanismos para restaurar lo que ya hemos dañado y ver qué sentido tienen hacia adelante, y tengo la impresión que esta no es una discusión que se haya dado, ni en la propuesta de este proyecto de ley, ni en la ley. Las discusiones en este ámbito normalmente caen en cuestiones de orden jurídico, si se toca o no el derecho de propiedad, si se toca o no el derecho minero, si tocan o no garantías constitucionales que favorecen a las empresas, pero en ningún caso tienen una mirada ecosistémica, ni tienen una mirada propiamente conservacionista, que se podría esperar justamente en una ley referida específicamente a la Biodiversidad.

Como segundo punto, es lo que señale sobre que estas leyes llegan incompletas: porque llegan tardíamente, este tipo de leyes son de alguna manera “un saludo a la bandera”… ahora, viniendo de un Estado como el nuestro, que no ha tenido una política consistente de protección, no es muy alejado de lo que se podría esperar. Efectivamente que es un paso adelante, es evidente que mejor que exista una ley de estas características, a que no exista nada, pero cifrar muchas esperanzas en esta ley podría resultar algo ingenuo.

fernando ramirez Chile es un país que tiene una tradición legalista, pues somos uno de aquellos países que aún mantiene una fe casi ciega en el poder de la ley; le otorgamos todavía a la ley un poder mágico, como si porque esta llegara, los problemas que le dieron origen se resolvieran. Y en las cuestiones medioambientales se vuelve a reproducir este comportamiento; no olvidemos las etapas que atravesaron la ley de bosque nativo o la ley de pesca: aparece la ley, con sus enunciados generales, y luego los reglamentos que acompañan a la ley salen muy tardíos, luego la transformación de los organismos del Estado que tienen que aplicar las leyes es igual de engorrosa y lenta, pues tienes que recordar que esta ley de Biodiversidad en particular afecta a la CONAF, al SAG y con otra serie de organismos que están directamente involucrados, todo esto va a demorar por lo menos, y te prometo que sin exagerar, unos veinte años, y finalmente nos queda el problema de que muchas veces la ley no resuelve el tema central, que podría haberse resuelto incluso sin ley, que es la capacidad de fiscalización que tiene el Estado y la voluntad de financiar una fiscalización adecuada; que la ley establezca áreas protegidas, prohibiciones de caza, limitaciones al ordenamiento territorial, me parece positivo, pero sin fiscalización, que es lo que sucede regularmente con estas leyes, termina siendo letra muerta. A mí me da la impresión que estas son leyes que se quedan en el ámbito del discurso, pero que no se quiere que terminen transformándose en acción. Evidentemente, ni la Concertación, ni la Dictadura, quizás tal vez en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, los gobiernos han tenido una preocupación por el tema ambiental en el sentido integral y de manera consistente. La ley no viene a responder, porque no fue el resultado de una discusión amplia y profunda, si el antiguo concepto de áreas protegidas y parques nacionales son suficientes, a esta altura, para proteger significativamente el medioambiente y para proteger efectivamente nuestro patrimonio natural.

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